Carta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

Señores Magistrados

Sala de lo Constitucional

Corte Suprema de Justicia

Berlín, 19 de abril 2017

Asunto: “Petición de admisión y declaración con lugar de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos que autorizan el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”

Estimados Magistrados y Magistradas,

las organizaciones, redes y personas abajo firmantes a través de esta misiva, nos manifestamos en relación a la acción de inconstitucionalidad presentada ante esta Sala, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Al respecto expresamos que:

Es de nuestro conocimiento que el 01 de marzo de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras (COPINH) presentó ante esta Sala una Acción de Inconstitucionalidad en contra los dos decretos legislativos a través de los cuales se aprobaron los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica mediante el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ)[1]. La presentación de dicha acción fue acompañada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma de la Coalición contra la Impunidad (CCI)[2].

Con respecto al proyecto referido y producto de información corroborada, instancias nacionales e internacionales, señalan sobre la legalidad y legitimidad del mismo, que éste fue aprobado en contravención a la obligación internacional del Estado de Honduras de  de consultar y obtener consentimiento previo, libre e informado de la población lenca. Mediante dichos actos legislativos el Estado ha incurrido en una grave violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de los derechos del pueblo indígena lenca. Al respecto la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[3] de las Naciones Unidas, en su informe de julio de 2016, sentó un importante precedente al señalar las violaciones sistemáticas a las cuales son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras y en particular las cometidas en contra del Pueblo Lenca en el marco de la aprobación y construcción del PHAZ.

Producto de la conflictividad provocada por la aprobación e instalación del proyecto en territorio indígena lenca, es de nuestro conocimiento que funcionarios que otorgaron los permisos de operación y licenciamiento ambiental al PHAZ, han sido sometidos a procesos judiciales, en los cuales el sistema de justicia hondureño ha determinado que efectivamente al aprobar el proyecto, violentaron los derechos del pueblo indígena contenidos en el Convenio 169 OIT.[4]

Dentro de ese marco, es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que, el PHAZ, es un foco generador de conflicto social que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tiene presencia el proyecto. Desde nuestras organizaciones ratificamos el argumento de que este elemento, es razón de suficiente peso para la revisión de la vigencia de estos decretos, entendida desde la obligación y los deberes que tiene el Estado de Honduras, incluyendo el sector justicia, de generar bienestar a la población.

Finalmente, solicitamos a esta Sala que haga prevalecer el Estado de derecho, que resguarde los derechos del Pueblo Lenca, los derechos de la población en general y los más altos intereses del Estado de Honduras, los cuales son puestos en riesgo al mantener en vigencia los decretos referidos, por ser estos contrarios a lo establecido en los tratados y convenios internacionales. En ese sentido, abiertamente pedimosque sea admitida la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el COPINH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras,  y que sea declarada con lugar con suspensión del acto reclamado para que tengan plena vigencia los principios de imparcialidad e independencia que deben regir a la judicatura.

Reivindicamos nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos como eslabón fundamental para la existencia del eEtado de derecho. Reafirmamos que Berta Cáceres continúa viva en medio de todos los pueblos y comunidades del mundo que defienden el agua, la tierra, los ríos y sobre todo el derecho a vivir en paz y dignidad.

Quedamos, atentos a su respuesta a esta comunicación.

Respetuosamente:

 1) Asociación Nicaragua en Duesseldorf, Alemania

 2) Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Alemania

 3) Centro de Documentación y Investigación Chile Latinoamérica (FDCL), Alemania

 4) Centro de Educación y Comunicación para los Derechos Humanos (CECODHU), España

 5) Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo - CNCD-11.11.11, Bélgica

 6) Christliche Initiative Romero (CIR), Alemania

 7) Colectivo Italia Centroamérica (CICA), Italia

 8) Commission Justice & Paix, Bélgica

 9) Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Bélgica

10) FIAN International, Alemania

11) Foro Honduras Suiza, Suiza

12) GegenStrömung – CounterCurrent, Alemania

13) HondurasDelegation, Alemania

14) Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie e.V., Alemania

15) Instituto Universitario IEPALA Rafael Burgaleta –UCM, España

16) Oficina Ecuménica por la paz y la justicia Munich, Alemania

17) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Bélgica

18) Monique Munting, Bélgica

19) Paulo Freire Gesellschaft e.V., Alemania

20) Plataforma Internacional contra la impunidad, Guatemala

21) Quinoa ASBL, Bélgica

22) Red Europea de Comites Oscar Romero, Bélgica

23) Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), Suecia

24) Trócaire, Honduras

25) We Effect América Latina, Suecia

Con copia a:

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

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[1] Los decretos autorizantes son los No. 67-2011 y 68- 2011, con los cuales se aprobó la instalación del proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque y el sitio denominado Aldea San Ramón, en el municipio de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, respectivamente, ambos territorios indígenas lencas.  

[2] La Coalición contra la Impunidad (CCI) actualmente está integrada por 48 organizaciones de todo el territorio nacional.

[3] Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Honduras, numeral 47, del apartado de preocupaciones especiales: “47. Uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región de Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto. En el apéndice al presente informe, la Relatora Especial hace una serie de observaciones sobre la situación de Río Blanco.” 

[4] Exp. 23-2016, correspondiente al proceso instado en contra de Martiniano Domínguez ex alcalde de La Esperanza, Intibucá, por suponerlo responsable de la ampliación de la licencia ambiental otorgada a la Empresa DESA. Exp. 2885-2014, proceso instado en contra de Jonathán Laínez, ex viceministro de la SERNA y exp. 2774-2016, en el cual figura como parte imputada Darío Cardona, ex sub secretario de la misma entidad, ambos imputados por los delitos de abuso de autoridad, involucrados en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Solidaridad con las luchas por la tierra y la autodeterminación en Latinoamérica

Cuando el „desarrollo“ mata

El 3 de marzo 2017 recordamos a la defensora de los Derechos Humanos Berta
Cáceres, que fue asesinada hace un año en Honduras. Algunxs de nosotros la conocimos, a muchos ella nos inspiró su valor, su análisis claro, su persistencia en un mundo más justo. „Berta no murió – se multiplicó“.

No sólo queremos conmemorar a Berta, sino a todxs – demasiadxs – que igualmente fueron asesinadxs en su lucha por el respeto a los Derechos Humanos, a un ambiente sano y contra la expulsión y el despojo de sus territorios en toda Latinoamérica. Según la organización Frontline Defenders murieron de una manera violenta 217 defensorxs de Derechos Humanos en el año 2016: 85 en Colombia, 58 en Brasil, 33 en Honduras, 26 en Mexico, 12 en Guatemala y varios mas en El Salvador, Perú y Venezuela. Lo casos de asesinato contra defensorxs en lo que llevamos del actual año es alarmante, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza 14 casos hasta principios de febrero de 2017.

Se lleva a cabo una guerra contra las poblaciones más vulnerables, una guerra en la cual sólo aparecen las víctimas mientras los autores, encubiertos por gobiernos, militares y élites económicas, no se investigan y siguen en la impunidad. Demandamos en el caso del
asesinato de Berta Cáceres igual que en cada uno de los casos una profunda investigación y aclaración, con una consiguiente penalización de los autores tanto materiales como intelectuales. La falta de justicia e impunidad predominante contribuye a que los asesinatos de defensorxs de Derechos Humanos sigan.

Los más afectadas son las personas que luchan por derechos territoriales, derechos indígenas y por el medio ambiente. En muchos casos se trata de conservar los bases de la vida de comunidades indígenas y campesinas como agua limpia o terrenos para cultivar alimentos. Sin embargo la lucha por los bienes naturales se ha agravado y es una lucha desigual. La privatización de territorios, las concesiones para la minería o los proyectos de energía hídroeléctrica son causas que provocan el desalojo de aquellos que viven de sus tierra desde hace siglos en toda América Latina.

Detrás de estas sangrientas luchas por los territorios están empresas e instituciones financieras transnacionales. Los préstamos para proyectos en cuyos nombres se desaloja a las poblaciones vienen de Bancos de desarrollo como la Corporación Financiera del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Integración Económica BCIE, el banco de desarrollo holandes FMO, el Banco Europeo de Inversiones BEI y otros bancos. Empresas Europeas están involucrados en la construcción de represas en territorios indígenas, como Siemens, Voith Hydro, Alstom, Iberdrola, ABB, Areva y otros; empresas mineras internacionales como BHP Billiton o Glencore son responsables directas de envenenar el medio ambiente y empresas de energía alemanas importan carbón de explotaciones mineras vinculadas a numerosas violaciones de Derechos humanos.

Exigimos:

Que cesen los actos de persecución y criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos en los paises latinoamericanos por manifestarse en defensa de los derechos.

Basta de impunidad, esclarecimiento y justicia por lxs asesinatos de defensorxs y luchadorxs sociales en latinoamerica.

Que los Estados cumplan con los acuerdos de derecho internacional como proteger el derecho a la consulta previa libre e informada de las comunidades indigenas.

A un año de su siembra Berta Vive y el COPINH sigue!

Solidaridad internacional desde Alemania!!

Berlín, 3 de Marzo 2017

apoyan:

Kolumbienkampagne Berlin

HondurasDelegation (Alemania)

Unidos por la paz Alemania (Colombia)

Wenn „Entwicklung“ tödlich ist

Solidarität mit den Kämpfen um Land und Selbstbestimmung in Lateinamerika

Wir gedenken am 3. März 2017 der vor einem Jahr ermordeten honduranischen Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres. Einige von uns haben sie persönlich gekannt, viele hat sie mit ihrem Mut, ihrer klaren Analyse und ihrem Beharren auf eine gerechtere Welt inspiriert. „Berta ist nicht gestorben – sie hat sich multipliziert“.

Wir wollen nicht Berta alleine gedenken, sondern all denjenigen – viel zu vielen – die ebenfalls im Kampf um die Menschenrechte, für das Rechte auf eine saubere Umwelt, den Kampf gegen Vertreibung in ganz Lateinamerika ermordet wurden. 217 Menschenrechtsverteidiger*innen starben der Organisation Frontline Defenders zufolge allein im Jahr 2016 eines gewaltsamen Todes, 85 in Kolumbien, 58 in Brasilien, 33 in Honduras, 26 in Mexiko, 12 in Guatemala und jeweils eine*r in El Salvador, Peru und Venezuela. Auch das laufende Jahr hat mit einer erschreckenden Zahl von Morden begonnen, nach Angaben des Interamerikanischen Menschenrechtskommission waren es bis Anfang Februar 2017 14.

Es findet ein Krieg gegen die ärmsten Bevölkerungsschichten statt, ein Krieg, in dem nur die Opfer zu sehen sind und die Täter, gedeckt von Regierungen, Militär und Wirtschaftseliten selten ermittelt oder gar bestraft werden. Wir fordern daher im Mordfall Berta Cáceres, aber auch in vielen weiteren Fällen vollständige Aufklärung und die Bestrafung der Täter, einschließlich der Auftraggeber der Morde. Die überwiegende Straflosigkeit trägt dazu bei, dass die Morde an Menschenrechtsverteidiger*innen immer weiter gehen.

Am stärksten betroffen sind diejenigen, die sich für Landrechte, indigene Rechte und Umweltschutz einsetzen. Häufig geht es um den Erhalt der Lebensgrundlagen indigener und bäuerlicher Gemeinden wie sauberes Wasser und Land für den Anbau von Nahrungsmitteln. Doch um diese Naturgüter wird ein immer härterer Kampf – mit ungleichen
Mitteln – ausgefochten. Die Privatisierung von Territorien, die Konzessionierung für den Bergbau oder für die Gewinnung von Strom aus Wasserkraft führen in ganz Lateinamerika zur Vertreibung derjenigen, die seit Jahrhunderten von ihrem Land leben.

Hinter dem blutigen Kampf um die Territorien stehen auch global agierende Unternehmen und Finanzinstitutionen. Kredite für Projekte, in deren Namen Vertreibung stattfindet, kommen auch von Entwicklungsbanken wie der International Finance Corporation der Weltbank, der Zentralamerikanischen Bank für Wirtschaftsintegration, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), der niederländischen Entwicklungsbank FMO, der Europäischen Investitionsbank sowie zahlreichen weiteren Banken. Europäische
Unternehmen sind am Bau von Staudämmen auf indigenen Territorien beteiligt wie etwa Siemens, Voith Hydro, Alstom, Iberdrola, ABB, Areva und andere, internationale Bergbauunternehmen wie BHP Billiton und Glencore sind mitverantwortlich für die Vergiftung der Umwelt und deutsche Energieunternehmen importieren Kohle aus Minen, die mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen.

Ein Jahr ihrer Aussaat, Berta lebt, COPINH macht weiter!

Manifestación: "Cuando el „desarrollo“ se vuelve mortal" - Solidaridad con las luchas por la tierra y la autodeterminación en Latinoamérica-

En la noche del 2 a 3 de marzo 2016 fue asesinada Berta Cáceres, defensora de los derechos del pueblo Lenca por la tierra y su territorio en Honduras. "A un año de su siembra. Berta vive - COPINH sigue"

El año pasado ha sido una vez más un año dramático para lxs defensorxs de derechos humanos y ambientalistas. Mataron mas de 200 activistas por todo el continente latinoamericano y la persecución y amenazas continúan.

Para denunciar esta situación les invitamos a convocar junto a nosotrxs una concentración en frente de la Puerta de Brandemburgo en Berlín el viernes 3 de marzo a las 4 p.m. , para conmemorar a Berta Cáceres y todxs lxs activistas que dejaron su vida por defender los derechos humanos en Latinoamérica.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con todxs lxs que están luchando por los derechos humanos, derechos de las mujeres, pueblos originarios y el respeto al medio ambiente. Por este motivo están siendo amenazadxs, perseguidxs y criminalizadxs. Exigiendo también justicia, porque la mayoría de estos crímenes quedan en total impunidad.

Hacemos un llamado a colectivos/grupos de afinidad y/o lxs compañerxs solidarixs para manifestarnos juntxs. Y mostrar que en todos los países latinoamericanos están luchando por las misma causas: contra el saqueo extractivista, contra la privatización de los territorios y recursos naturales, por el derecho de los pueblos originarios.


Manifestación
Viernes 3 de marzo 2017

4 p.m. frente Brandenburger Tor
llevamos un soundsystem para música y breves ponencias

CADEHO (Cadena de Derechos Humanos por Honduras)

contacto: cadeho@riseup.net

Informe preliminar de la Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Honduras Delegation 2016

Del 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria independiente europea “HondurasDelegation”. La Red se formó un año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.  

El objetivo de este informe es difundir la situación de los Derechos Humanos de Honduras  en diferentes medios de comunicación y presentarlo ante el Parlamento Europeo y otros organismos nacionales e internacionales. Visitamos en la zona central y norte del país alrededor de 18  diferentes organizaciones, como por ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS, COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras), para conocer la coyuntura políticosocial actual y los desafíos que enfrentan.  

En el transcurso del viaje nos reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes del departamento de Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y comunidades Lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el departamento de Intibucá.  

En nuestra visita hemos identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción de espacios para los actores de articulación políticosocial.  

• Impactos locales de la economía neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional

Los casos mas emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo,  son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital Canadiense), la instalación de una refinería de petroleo en territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”. El impacto directo que  causan estos proyectos es la usurpación de las tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades.  

En el departamento de Yoro, las comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por empresas madereras  y la extracción clandestina de yacimientos de Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.  

La construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia  de las comunidades  de Rio Blanco. El proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Voith-Hydro, la empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, entregará las turbinas al proyecto. La imposición de Agua Zarca sin una consulta previa, libre e informada, ha roto el tejido social de las comunidades, incrementando los niveles de violencia por parte de policía, militares, seguridad privada y sicarios. Las comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido  persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra lxs defensorxs y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena Tomas García (2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres (2016) fueron asesinadxs. La mayoría de estos actos han quedado impunes.  

• Difamación sistemática y criminalización de periodistas y defensorxs de Derechos Humanos

Representantes de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de los Derechos Humanos. Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus oficinas, atentados directos y torturas.  

Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de comunicación y declaraciones de funcionarios del gobierno han sido participes de campañas de difamación contra organizaciones e individuos.  

Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y transparente.  

Compartimos su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo, espacios creativos y abiertos.  

Por ese motivo exigimos al Estado Hondureño:  

• La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a su reconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las comunidades indígenas y Garífunas. 

 • Parar la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.  

• Cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.  

• Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para lxs Defensorxs de Derechos Humanos, Periodistas,  Comunicadorxs Sociales y Operadorxs de Justicia (2015). 

 • No aprobar el Articulo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales.   

• Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato.  

Además exigimos a los organismos internacionales:  

• Detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente  e ignoran convenios internacionales. 

 • Cuestionar la cooperación internacional en favor de una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.  

• No financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un sistema de justicia altamente contovertido.  

• Crear espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña.  

Agradecemos profundamente a todas las organizaciones y comunidades que nos han recibido y acogido en nuestro recorrido.  

HondurasDelegation Tegucigalpa (Honduras) 9 de diciembre 2016