La explotación de metales preciosos tiene una larga historia en el país centroamericano de Honduras y esto ha influido, de una u otra manera, en la legislación y la política del país. Entre otras cosas, la minería cambió incluso la ubicación de la capital. Sin embargo la minera perdió importancia a principios del siglo XX, debido entre otras cosas, a la producción y exportación bananera.
El aumento de la demanda y de los precios de materias primas en los últimos años ha despertado nuevamente el interés de la industria extractivista. Los gobiernos que surgieron en Honduras después del Golpe de Estado de 2009, atienden a estos intereses con los brazos abiertos. En los últimos años se han promovido una orientación neoliberal de la economía y la venta de los recursos naturales del país.
A pesar de las fuertes críticas y protestas de las organizaciones sociales y ambientalistas se han aprobado una serie de leyes y decretos con el fin de crear una base jurídica para la venta del país.
Una de las leyes más polémicas es la nueva Ley de Minería, la cual fue aprobada por el Congreso Nacional en enero de 2013. Esta ley puso fin a la indefinición legal en la que operaron las pocas empresas mineras en el país desde el año 2006. En aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional a trece artículos de la vieja Ley de Minería de 1998.
Al mismo tiempo, se estableció una moratoria para la entrega de nuevas concesiones de la explotación minera y la minería a cielo abierto con el uso de cianuro. Esta moratoria fue derogada con dicha nueva Ley de Minería. Por lo tanto, se permite de nuevo la minería a cielo abierto con el uso de sustancias altamente tóxicas. Ese tipo de explotación arrasa regiones completas, moliendo montañas enteras y lavando las piedras con agua y químicos, como cianuro o mercurio para separar los metales preciosos.
“Esta ley constituye un enorme retroceso en la protección ambiental y social de Honduras y es un reflejo de los poderes de hecho y económicos que rigen los destinos del país, contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con igualdad para toda la población, especialmente las más vulnerables“, declaró la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas (CNRA). Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) un 89 por ciento de la población hondureña rechaza la actividad minera a cielo abierto.
Otras críticas son los bajos impuestos, el acceso ilimitado al agua y la falta de sanciones contra empresas que violen las leyes y reglamentos. Esa ley contiene un impuesto de seguridad de 2 por ciento, lo que se usa para la expansión y el equipamiento de las fuerzas de seguridad del Estado. De esta manera la policía y los militares tienen intereses directos con la actividad minera y un motivo de proceder contra cualquier movimiento de protesta que surja en la población. "La industria minera está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica y remilitarización de los territorios", dice Pedro Landa del CNRA.
Viejos y nuevos conflictos mineros
Con la aprobación de la nueva Ley de Minería se acelera el surgimiento de nuevos conflictos. Según investigaciones hay 530 proyectos mineros aprobados en Honduras y otros 300 que están en espera. Estas concesiones incluyen aproximadamente veinte por ciento del territorio nacional y fueron entregadas sin la aprobación, y sin consulta previa, libre e informada de la población afectada.
En los últimos años surgieron en diferentes regiones del país conflictos entre empresas mineras y comunidades locales, como, por ejemplo, en la comunidad Nueva Esperanza en el norte del país. Ahí, la empresa minera hondureña Minerales Victoria empezó con la exploración sin el acuerdo de la comunidad. Los habitantes que se negaron a vender sus tierras a la empresa, fueron intimidados y fuertemente amenazados por parte de los guardias de seguridad de la empresa. Varias familias se vieron obligadas a abandonar el lugar a causa de las agresiones. Hasta que en julio 2013, empleados armados de la empresa secuestraron durante varias horas a dos observadorxs internacionales de la organización Proyecto de Acompañamiento en Honduras (PROAH).
En abril de 2014 apareció otro conflicto en Azacualpa en el Departamento de Copán. Ahí, la empresa canadiense Aura Minerals y su sucursal Minerales de Occidente S.A. están explotando oro. Pobladores de Azacualpa han bloqueado el acceso a la mina durante 15 días, después de que la compañía había anunciado su expansión, que abarcaría entre otros limites, el cementerio de la comunidad. El bloqueo fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad del Estado con toletes y gas lacrimógeno, militarizando la región.
El conflicto minero más conocido de Honduras es por la mina San Martín, en el Valle de Siria. Ahí la compañía hondureña Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc., extrajo oro desde el año 2000 hasta 2007. Actualmente, la mina se encuentra en el proceso de clausura. La mina San Martín fue considerada como un proyecto pionero en Honduras, debido a la aplicación del metodo de minería a cielo abierto, con el uso de cianuro por primera vez en el país.
Según ambientalistas fueron movidos alrededor de 50 millones de toneladas de roca y fueron utilizados 750 a 1.200 litros de agua por minuto y una tonelada de cianuro mensual. La empresa sacó oro con el valor de unos 257.075.000 dólares, elogiando los bajos costos que causó la extracción. Haciendo pagar un alto precio al medio ambiente y a la población local. Hoy en día, la región del Valle de Siria está considerada altamente contaminada.
La población y el Comité Ambientalista del Valle de Siria están luchando desde hace años para que se descontamine la zona y se reparen los daños a la salud causados por la minería. Según una investigación del Dr. Juan Almendarez, antes de la apertura de la mina ocho de cada cien personas mostraron enfermedades de piel. Diez años después, son ochenta de cada cien. Muestras de sangre tomadas a pobladores del Valle de Siria indican altos niveles de plomo, arsénico y mercurio. A parte de las enfermedades de piel, los vecinos lamentan trastornos nerviosos, infertilidad, abortos involuntarios y malformaciones en los recién nacidos.
Tanto en el caso de Nueva Esperanza como en Azacualpa y el Valle de Siria los afectados denuncian la inacción y complicidad de las autoridades estatales. Estas hasta ahora mostraron poco voluntad de diálogo y de soluciones consensuadas de los conflictos. Por el contrario, los intereses de las empresas en varias ocasiones fueron impuestos con represión y violencia en contra de la población local.
Los graves problemas que causa la minería en Honduras quedan plasmados en un estudio publicado en junio 2014 por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. “El estudio destaca el carácter conflictivo de la minería en Honduras, que, en términos generales deviene de: a) enfrentamientos de las empresas mineras con las comunidades; b) bajos niveles de contribución a impuestos nacionales y municipales; c) problemas ambientales; d) violaciones a derechos humanos; d) marco legal débil y favorable a compañías mineras; e) institucionalidad débil del Estado para regular las actividades extractivas.”
Una y otra vez fueron criticadas las autoridades estatales como la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que fue reemplazada en 2013 por el Instituto de Geología y Minería (INHGEOMIN). Además, estas autoridades han sido denunciadas por diversas organizaciones en varias ocasiones por ocultar los estudios ambientales y de impacto sobre la salud.
El apoyo cuestionable de Alemania
A pesar del carácter conflictivo, que tiene que ser visto también en el marco general de la grave situación de derechos humanos que existe en Honduras, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y algunas empresas privadas alemanas, contribuyen al fortalecimiento de la industria minera en Honduras.
El 22 de mayo INHGEOMIN informa en su página web sobre la firma de un contrato con las empresas alemanas M&P Geonova y Geo-Expert. Según INHGEOMIN “Las principales acciones van a encaminarse en la identificación de depósitos minerales sedimentarios, focalizado en tierras raras y metales preciosos, investigación científica que se efectuará en regiones selectas del territorio hondureño, se generará un mapeo actualizado del territorio nacional para los minerales investigados.”
El director ejecutivo del INHGEOMIN, Agapito Rodríguez, declaró al diario hondureño La Tribuna que la iniciativa es auspiciada por la GIZ. “Se trata de un estudio que se realizará durante tres años para identificar qué tipo de minerales existen en Honduras.”
Ante las preguntas de diputados del partido Die Linke, el gobierno alemán niega las informaciones de INHGEOMIN y del diario La Tribuna: “No se lleva a cabo una cartografía sistemática de yacimientos de tierras raras en el marco del proyecto. El objetivo del proyecto consiste en lograr un desarrollo sostenible mediante la transferencia de conocimientos en el ámbito de la explotación de yacimientos de metales preciosos. Con este fin se coopera con universidades. Se realizan seminarios prácticos para estudiantes en una región determinada para enseñarles la exploración respetuosa con el medio ambiente y la cartografía de yacimientos de materias primas. En este contexto se elaboran cartografías con fines didácticos.”
Las informaciones de INHGEOMIN y las respuestas del gobierno alemán se contradicen fuertemente en relación con los objetivos y expectativas del proyecto. Aunque el gobierno alemán declaró que no tiene conocimiento de proyectos mineros concretos que resultan del proyecto de la GIZ y que no se llevará a cabo un mapeo sistemático de la minería, INHGEOMIN según sus propias declaraciones expresa otros objetivos. Aunque la GIZ no está involucrada directamente en la elaboración del mapeo sistemático, está promoviendo esta iniciativa de manera indirecta. A través de la transferencia de conocimientos está creando una base para dicho mapeo y posiblemente para otros proyectos mineros en los cuales la aplicación de métodos “respetuosos con el medio ambiente” no se pueda garantizar de ninguna manera.
En el texto de introducción de su respuesta, el gobierno alemán reconoce la situación crítica de los derechos humanos y el problema de la debilidad de las instituciones estatales en Honduras. Sin embargo, el gobierno alemán no menciona medidas concretas para proteger los derechos de la población local en relación con proyectos mineros o para garantizar el funcionamiento respectivo de las instituciones estatales, tales como la SERNA y INHGEOMIN. Las respuestas a estas preguntas se refieren sólo al diálogo que tiene el gobierno alemán con el gobierno hondureño y organizaciones de la sociedad civil.
Desde el Golpe de Estado de 2009, la crisis social y política en Honduras ha empeorado dramáticamente. La situación de los derechos humanos en el país es grave, los asesinatos políticos y la represión se han convertido en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, activistas, comunidades y organizaciones indígenas y sociales continúan luchando pacíficamente por sus derechos y territorios, y en última instancia para su sobrevivencia.
Así, la población de Nueva Esperanza ha logrado la retirada de la empresa Minerales Victoria y varios municipios, a través de asambleas, se han declarado "municipios libres de minería". Sin embargo, tomando en cuenta el actual desarrollo, muchas organizaciones y comunidades dudan que el gobierno vaya a respetar la decisión de las poblaciones locales y están a la espera de un nuevo aumento y escalada de los conflictos.
El autor trabaja con organizaciones indígenas y populares y con radios comunitarias en Centroamérica. El artículo fue publicado en forma abreviada en alemán en el boletín actual del Foro para el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Articulo completo en alemán: https://amerika21.de/analyse/108044/bergbauinteressen-und-konflikt
Articulo completo en alemán: https://amerika21.de/analyse/108044/bergbauinteressen-und-konflikt
